Calificado por la gran prensa y la oposición de Brasil como un hito de la lucha contra la corrupción, el proceso que sigue el Supremo Tribunal Federal (STF) a políticos y empresarios podría resultar ejemplar si la justicia mide con la misma vara otros casos de menor visibilidad política. El escándalo estalló en junio de 2005, cuando el entonces congresista Roberto Jefferson, del Partido Laborista Brasileño –aliado del oficialismo y él mismo envuelto en una denuncia de corrupción–, reveló que varios integrantes de la administración y del Partido de los Trabajadores (PT) solventaban sobornos equivalentes a unos 13 mil dólares por mes a cambio de votos para proyectos de ley del oficialismo. Esta trama implicó pago de favores por alrededor de 76 millones de dólares.

El proceso al “mensalão” (en portugués, gran pago mensual) comenzó en una fecha llamativa. Transmitido en directo por la televisión, se abrió en el pasado agosto, en medio de la campaña para los comicios municipales, y dio lugar a suspicacias. “¿Hacer coincidir el juicio con las elecciones municipales no es entrar en el juego político, ofreciendo una poderosa arma a un lado de los contendientes?”, se preguntó el teólogo brasileño Leonardo Boff en su columna “Crisis originaria, mensalão y STF”. Como otros, Boff no cuestionó la necesidad de condenar a quien cometió delitos “irrefutablemente comprobados”. “La ley vale indistintamente para todos”, opinó Boff, integrante de la corriente progresista católica Teología de la Liberación y ex seguidor del PT, ahora afectado “por la herida que sangrará tanto tiempo, provocada por una colectividad que siempre porfió por la ética en la política”.

La caja oculta del PT habría funcionado durante los primeros años del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, entre 2003 y 2005, hasta que explotó el escándalo, pero el ex presidente, que se mantuvo en el poder hasta enero de 2011, no está involucrado en el proceso. Entre los 25 políticos, empresarios y banqueros ya condenados por el máximo tribunal se encuentran dirigentes históricos del PT, como su ex presidente, José Genoino, y el ex jefe de gabinete de Lula, José Dirceu, ambos antiguos guerrilleros comprometidos con la lucha contra la dictadura militar (1964- 1985) y estandartes de los principios éticos de la vieja militancia petista.

El ex ministro Dirceu fue condenado a 10 años y 10 meses de prisión al ser presentado por los jueces como el mayor responsable de la red de sobornos a congresistas que operó durante el primer gobierno de Lula. “La responsabilidad del procesado es extremadamente elevada. El se valió de sus posiciones de mando y prominencia, tanto en el Partido de los Trabajadores como en el gobierno federal para incurrir en delitos de corrupción”, subrayó el magistrado Joaquim Barbosa, relator del proceso.

El STF también sentenció a Genoino y Delubio Soares –ex tesorero del PT– por su participación en el esquema de corrupción que enlodó al partido de la mandataria y sucesora de Lula, Dilma Rousseff. Genoino recibió una pena de 6 años y 11 meses de prisión, y su copartidario de 8 años y 11 meses. Dirceu deberá pagar asimismo una multa de casi 350 mil dólares, mientras que las sanciones económicas a Genoino y Soares suponen unos 234 mil y 162 mil dólares, respectivamente.

Debido a que su condena supera los siete años, “Dirceu deberá ir a prisión, lo que envía un mensaje muy fuerte a la sociedad brasileña: aquí todos están sujetos a la ley sin importar quién eres”, comentó Tania Rangel, profesora de la Fundación Getulio Vargas y autora de varios artículos sobre el tema. Con las penas contra Dirceu, Genoino y Soares, ya son siete los sentenciados del grupo de 25 políticos y empresarios hallados culpables. La mayor fue impuesta a Marcos Valerio, un publicista de 51 años acusado de seis delitos por los que deberá pagar 40 años y dos meses de cárcel.

La renuncia obligada de una decena ministros de su gobierno, la publicación de investigaciones periodísticas de medios opositores sobre la corrupción oficial y ahora la condena de los principales dirigentes del PT son utilizados por la mandataria Rousseff para construir su propio capital político. Como ella afirmó: “Estoy radicalmente a favor de combatir la corrupción, no sólo por una cuestión ética, sino por un criterio político. Un gobierno es 10 mil veces más eficiente cuanto más controla, más fiscaliza y más impide. No hay términos medios en este aspecto”.

Suspicacias

“Si bien estamos frente a un juicio político, no se trata de un tribunal de excepción ni de una trama nacida de supuestas alianzas de los jueces con la oposición”, alertó el analista Andrei Koerner, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Campinas. En los últimos años, “hubo avances en la legislación penal para tipificar delitos de lavado de dinero, de cuello blanco y crimen organizado, y para hacer obligatoria la ‘ficha limpia’ (sin antecedentes penales) para los candidatos a cargos públicos. Se verifica además el florecimiento de una movilización cívica por la ética en la política, el combate a la corrupción y el voto consciente, que comenzó a exigir instancias legales como instrumentos de cambio político”. 

Sin embargo, Koerner teme que un proceso como éste, que ha ignorado “el sentido político de las acciones de los sujetos, teniendo en cuenta apenas su imputación penal, siente antecedentes problemáticos. Existe el riesgo de desestabilización de todo el sistema partidario, como ocurrió en Italia; y la deslegitimación de los políticos da lugar a aventureros que utilizan sentimientos éticos de la población”.

A Koerner le preocupa, al mismo tiempo, que el STF no tenga capacidad institucional “de conducir con el mismo rigor los demás procesos de corrupción en curso, por la saturación de casos, la demora en los procedimientos y el desgaste de los ministros”. En la agenda del STF figura el proceso a una trama similar al mensalão, para el financiamiento ilegal de campañas electorales, en el que estaría involucrado el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña del ex presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), y que habría utilizado los mismos canales financieros y operativos que el del PT.

“El riesgo es que el rigor del juicio en esta acción no se repita en casos análogos, generando el mensaje a la población y a los políticos de que la orientación del tribunal fue sesgada. De esa manera, el proceso sería frustrante. La consolidación del Estado de derecho será posible si las reglas son efectivas para todos los integrantes del sistema político y, de un modo general, no sólo para los más pobres y discriminados”, opinó el politólogo.

Para João Feres Júnior, del Instituto de Estudios Sociales y Políticos, el proceso del STF “no juzgó la corrupción, y en cambio tuvo un peso electoral que sin embargo no parece haber incidido en los comicios de octubre, a juzgar por los resultados positivos que obtuvo el PT. Es más, tengo dudas de que el juicio genere consecuencias políticas institucionales. Haber castigado a los que cometieron crímenes me parece correcto, pero no sólo a los petistas”.

A su vez, Feres Júnior cuestionó algunas intervenciones de los magistrados “de desprecio al sistema político”, pues estos “no tienen soberanía para hacer comentarios sobre alianzas partidarias como si fueran inmorales”, ejemplificó. La desconfianza surge de otros procesos de corrupción vistos por el máximo tribunal, en los que imputados con cargos similares fueron absueltos. En el juicio al mensalão, los abogados defensores de los petistas denunciaron falta de pruebas contra los procesados.

“Mientras el STF condenó a Dirceu, a Genoino y a Soares, por los delitos de asociación para delinquir y corrupción activa, en 2008 había concedido un habeas corpus al banquero Daniel Dantas y a otras nueve personas detenidas por la Policía Federal”, recordó la periodista Cynara Menezes en una columna publicada en la revista Carta Capital. Según el Ministerio Público Federal (fiscalía general), ese grupo –que incluía al ex alcalde de San Pablo, Celso Pitta– habría cometido delitos de evasión de divisas, asociación para delinquir y administración fraudulenta. “No se puede, frente a las cámaras de televisión, anunciar con toda pompa la condena y la prisión de poderosos y, en la oscuridad de la noche, soltar a otros”, reflexionó Menezes.

El mote de “juicio del siglo que se ha dado a este proceso es apenas un título periodístico, pero que resulta políticamente irrelevante”, evaluó el analista Alexandre Cardoso. No se puede negar que, a partir de este juicio, haya quienes “piensen dos veces antes de corromperse, para no terminar presos. Pero no tendrá mayores efectos. Aunque los medios conservadores le dieron tanta atención y lo transmitieron en vivo, la gente común está más preocupada por ver cómo paga el auto que compró en cuotas”, concluyó Cardoso.

Primer presidente negro en la Corte

Texto: Fabiana Frayssinet

Reverenciado como una especie de héroe popular debido a su actuación en una de las mayores causas por corrupción de Brasil, el juez Joaquim Barbosa marcó un hito en la historia nacional el 22 de noviembre cuando se constituyó en el primer presidente negro del Supremo Tribunal Federal (STF). Barbosa es el relator del juicio de corrupción conocido como “mensalao”.

En Brasil, donde el 50,6% de sus 194 millones de habitantes se reconocen descendientes de africanos, nunca antes su máximo tribunal había sido presidido por un negro. “Es un hecho doblemente importante: por ser un negro y por ser el negro que es”, afirmó el analista en legislación y relaciones políticas Carlos Alberto Medeiros. Como mulato que es, Medeiros sabe lo difícil que es ocupar altos cargos en cualquier instancia de la institucionalidad de este país, en el cual, como sostiene Barbosa, “los negros son excluidos históricamente”.

Por eso la llegada a esta investidura de Barbosa, quien, como la mayoría de los afrodescendientes, fue pobre y tuvo severas dificultades para acceder a la educación superior, “es un hecho simbólico en un momento en que la sociedad brasileña vive cambios en las relaciones sociales, y donde se ven otros negros y mulatos asumiendo posiciones importantes”. Cambios sociales que también llevaron por primera vez a la presidencia de Brasil –y por dos veces consecutivas– a un obrero metalúrgico que fue dirigente sindical del sector, como es el caso de Lula, y a una mujer, su sucesora Dilma Rousseff.

Barbosa, quien fue designado miembro del STF por Lula poco después de asumir, habla varios idiomas, se recibió de abogado en la Universidad de Brasilia y cuenta con títulos de posgrado en cursos realizados en este país, Francia y Estados Unidos. Fuera del ámbito jurídico, también se lo reconoce como un virtuoso intérprete de piano y violín.

El nuevo presidente del STF, de 58 años, es hijo de un obrero y parte de una familia humilde y numerosa radicada en un pequeño pueblo del interior del estado de Minas Gerais, desde el cual recorrió un largo trecho lleno de obstáculos hasta alcanzar el meritorio cargo. Para pagar sus estudios debió trabajar limpiando pisos en los tribunales, los mismos que después pisó como abogado y juez. Siendo ya una figura en el mundo de las leyes, muchas veces fue confundido, sólo por el color de su piel, con el acomodador de automóviles del restaurante a donde concurría a almorzar.